En lo que llevamos de 2017, 20 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en España. Es un dato alarmante teniendo en cuenta que durante los 12 meses de 2016 asesinaron a 44 mujeres, y en 2017, en menos de tres, hablamos ya de 20 víctimas. Muchas de ellas ni siquiera habían denunciado a sus parejas por malos tratos, otras sí y, aun así, las autoridades no pudieron evitar la desgracia. ¿Qué estamos haciendo mal?
Nadie tiene la llave que abra la puerta al camino de la solución, ni siquiera los expertos saben cómo afrontar algunos casos, pero en mi opinión (que no tiene por qué ser válida) hay algo que falla de manera extrema: el acceso a una vivienda de protección pública.
Muchas mujeres se niegan a denunciar porque se ven desamparadas, sin empleo, y con hijos pequeños, ante un mundo donde la economía mueve el mundo. Otras mujeres, que siendo valientes denuncian, acaban quedándose la vivienda familiar por lo que, a pesar de las órdenes de alejamiento y demás medidas que se ponen en marcha en casos de violencia de género, las exparejas saben exactamente dónde deben acudir para encontrarlas. Y así, una tras otra, caen en manos de esos desalmados que, en muchas ocasiones, acaban con sus vidas.
Yo no soy abogado, tampoco jurista, no hago leyes porque ni tengo capacidad, ni conocimientos para hacerlas pero sé que algo no funciona, lo estamos viendo cada día, lo estamos comprobando año tras año. Según toda la información que he podido recopilar, resulta muy complicado meter a veces entre rejas a los maltratadores, algunos porque no tienen antecedentes, otros porque amenazan pero aún no han actuado, otros porque tienen tan amedrentada a su pareja que se niega a denunciarles o a declarar y, al final, el resultado es obvio: no protege a la víctima.
Lo que yo reclamo es un sistema de viviendas de protección oficial en el que la mujer que denuncia a su marido o pareja por violencia machista pueda tener acceso inmediato a piso oculto con el fin de poder salir de la vivienda familiar inmediatamente y evitar que su maltratador la localice. El sistema actual no funciona, es obvio, y hay que poner en marcha los mecanismos necesarios para crear uno que sí funcione.
Un caso real
Hace unos meses me enteré de que una conocida era víctima de violencia de género. Es aterrador pensar que he estado compartiendo tiempo y ocio con un maltratador (su marido) sin haber sospechado absolutamente nada. Por lo visto estuvo callando durante mucho tiempo por miedo a verse indefensa ante él, tanto económicamente como físicamente, pero cuando ya no pudo más contactó con este abogado experto en malos tratos que lo primero que hizo fue ayudarla a salir de la vivienda familiar. Con la ayuda de Inmoden, una inmobiliaria de Denia, consiguió alquilar un piso a nombre de otro familiar con el fin de no aparecer en ningún padrón ni en ningún contrato y evitar así ser localizada por ese hombre, si es que se le puede llamar así.
No me parece lógico que el abogado de la víctima deba mover cielo y tierra para conseguir una vivienda que la mantenga a salvo, no porque no deba hacerlo sino porque debería ser el Estado el que proveyera a las víctimas de esa necesidad de primer orden. El abogado debe dedicar todos sus esfuerzos a meter al maltratador en la cárcel y asesorar a su cliente para poder huir, por lo menos legamente, de las manos de ese malnacido.
